Nos cuentas qué está ocurriendo: tus ingresos y gastos, qué deudas tienes, si recibes reclamaciones y qué bienes o garantías existen. No necesitas conocer todos los detalles en la primera conversación.

Analizamos si existe insolvencia actual o inminente, si eres persona física y qué circunstancias podrían afectar a la solicitud. Te explicamos las opciones y resolvemos tus primeras dudas.

Preparamos una relación completa de acreedores, importes y vencimientos, además de la información sobre ingresos, gastos, bienes y cargas. Según el caso, pueden ser necesarios certificados, contratos, resoluciones o movimientos bancarios.

Te ayudamos a identificar y organizar los documentos. Facilitar información completa y colaborar durante el procedimiento es esencial.

La ley prevé la exoneración con un plan de pagos, sin liquidación previa de la masa activa, y la exoneración con liquidación. También existen supuestos de concurso sin masa. Revisamos cuál encaja con tu patrimonio, tus ingresos y tus objetivos.

Estudiamos especialmente las garantías, la vivienda habitual, las deudas públicas y otras deudas que podrían no ser exonerables. No todos los casos tienen el mismo resultado.

Se preparan y presentan las solicitudes y documentos que correspondan ante el juzgado competente. El órgano judicial examina la situación; las actuaciones concretas, incluida la posible intervención de una administración concursal, dependen del procedimiento y de las circunstancias.

Durante esta fase te informamos de los requerimientos y plazos. Los efectos sobre ejecuciones y embargos varían según el momento procesal y el tipo de crédito.

Si se propone un plan de pagos: se presenta una propuesta con los recursos y pagos previstos. El juzgado puede conceder provisionalmente la exoneración y aprobar el plan, tras los trámites y alegaciones correspondientes. Su duración es, con carácter general, de tres años y de cinco en los supuestos previstos por la ley.

En la vía con liquidación o en un concurso sin masa: se siguen las actuaciones aplicables al patrimonio existente o a su insuficiencia. La liquidación no significa que todos los bienes tengan el mismo tratamiento.

La solicitud se tramita según la vía elegida. El juzgado verifica los presupuestos y requisitos; la administración concursal y los acreedores personados pueden intervenir en los términos previstos por la ley.

Si se concede, la resolución determina su alcance. Algunas deudas están excluidas y otras tienen reglas o límites especiales; por ejemplo, determinados créditos públicos pueden exonerarse parcialmente en los términos legales.

Te explicamos qué deudas han quedado afectadas y cuáles deben seguir atendiéndose. Cuando existe un plan de pagos, acompañamos su seguimiento y la solicitud o tramitación de la exoneración definitiva cuando proceda.

La ley contempla supuestos de revocación y otras obligaciones posteriores. Las gestiones relativas a registros de solvencia se revisan según la resolución y cada caso.